Reforma previsional en Argentina de 2017 | ||
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Momento en el cual la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprueba la reforma | ||
Tipo | Ley | |
Promulgación | diciembre de 2017 | |
La reforma previsional en Argentina de 2017 fue una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones impulsada durante la presidencia de Mauricio Macri.[1] Fue aprobada por el Congreso de la Nación Argentina en diciembre de 2017 a través de la ley 27.426 [2] Buscaba elevar el mínimo de edad jubilatoria a 70 años modificando la Ley de Contrato de Trabajo, de manera tal que la facultad del empleador para intimar al trabajador a jubilarse solo podía aplicarse a partir de los 70 años de edad del trabajador.[3] El proyecto incluía la reducción del 3% de las jubilaciones promedio para 2018 y del 8% para 2019, con un recorte presupuestario en seguridad social de 72.000 millones ARS (aproximadamente 4.100 millones USD) para el año fiscal 2018.[4] Tras su aprobación se produjeron masivas movilizaciones en contra de la reforma en las principales ciudades del país y a las puertas del Congreso.[5] La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) declaró una huelga de 24 horas desde el mediodía de ese lunes 18 de diciembre. Por la noche del 19 de diciembre se inició un serie de cacerolazos en donde participaron decenas de miles de vecinos que, espontáneamente, salieron de sus casas en señal de protesta por la Reforma Previsional. A su vez, el gobierno desplegaba todos los recursos políticos a su alcance para garantizar los votos a la mencionada reforma. A cambio, los gobernadores consiguieron los fondos necesarios del gobierno central.
En horas de la madrugada, del 19 de diciembre, fue aprobada por la Cámara de Diputados con 128 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones. Tras la aprobación de la norma se produjeron cacerolazos en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, los principales cacerolazos en Capital se dieron en la zona de Plaza de Mayo, Corrientes y Medrano en Almagro, Acoyte y Rivadavia en Caballito, en Cabildo y Juramento, al igual que en Boedo y Colegiales. Sobre la medianoche, también había un ruidoso cacerolazo en Olivos frente a la Quinta Presidencial. [6]
Por medio de la Ley N°27.426 denominada como “Reforma Previsional”, se modificó la Ley N°24.241 y la Ley N°26.417, referidas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a la movilidad de las Prestaciones Previsionales, respectivamente y a la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744. Durante enero la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional parte de los artículos de la reforma jubilatoria.[7] En las provincias se produjeron fallos adversos al gobierno que declararon inconstitucional e inaplicable parte de la reforma cuestionando su validez legal.[8]
Se modificó el cálculo de movilidad de las prestaciones establecido en el Artículo 32 de la Ley N°24.241. La movilidad se basará en un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), conforme una fórmula establecida, y se aplicará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario. La primera actualización se hará efectiva a partir del 1° de marzo de 2018.
El Estado nacional garantizará a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten treinta (30) años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, instituido por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744 y sus modificatorias vigente en cada período.
Lo que quedaba de la ley fue reemplazada en diciembre de 2019 durante la presidencia de Alberto Fernández mediante la Ley solidaridad social y reactivación productiva que estableció un nuevo cálculo para los haberes jubilatorios acorde a la inflación.[9] La reforma alcanzó a jubilados, pensionados, asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, y a los veteranos de la guerra de Malvinas.[10] Los objetivos de la reforma, según su proponentes, fueron aumentar la sustentabilidad del sistema jubilatorio. La reforma fue elaborada por Federico Sturzenegger, economista del equipo de Fernando de la Rúa y más tarde ministro de Mauricio Macri.[11]
Según estimaciones al momento de aprobación de la ley, la reforma hubiese implicado una reducción del 3% de las jubilaciones promedio para 2018 y del 8% para 2019.[4][3]
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