En la política de Ecuador, «muerte cruzada» es el nombre comúnmente dado a un mecanismo que rige el proceso de destitución al presidente del Ecuador y la disolución de la Asamblea Nacional previsto en los artículos 130 y 148 de la Constitución de 2008.[1][2][3]
El artículo 148[4] le otorga al presidente el poder de disolver la Asamblea Nacional, pero solo al precio de dar al electorado la oportunidad de destituir al presidente. El mecanismo requiere que se celebre una elección especial después de la disolución, en la que se elige un nuevo presidente y vicepresidente y una nueva Asamblea Nacional. Los candidatos elegidos, tanto para el poder ejecutivo como para el legislativo, cumplen el resto de los mandatos presidenciales y legislativos actuales. Luego se lleva a cabo una elección ordinaria por un período completo de cuatro años, de acuerdo con el calendario electoral normal.[5]
El artículo 130 establece de manera similar en caso de un proceso de destitución exitoso contra el presidente: un presidente en funciones puede ser destituido de su cargo por dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional (92 votos de 137),[6] pero si un presidente es destituido de esta manera, se deben realizar nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente y una nueva Asamblea Nacional para cumplir el resto del mandato actual.[1]
Así, el aspecto de «muerte cruzada» de las disposiciones surge de un elemento clave: «al disolver una rama del gobierno, la otra rama ofrece su propia continuidad en el cargo para que el electorado decida sobre ella: en otras palabras, las elecciones se convocan con respecto tanto del poder público destituido como del poder que solicitó la destitución».[7]
La disposición de muerte cruzada se introdujo como un medio para evitar los períodos prolongados de parálisis política que habían caracterizado a Ecuador bajo constituciones anteriores.[8] Se ha llamado tanto una «opción nuclear»[9] como un plebiscito sobre el mandato del presidente.[10] Una sentencia de septiembre de 2010 de la Corte Constitucional lo describió como «una herramienta de control y equilibrio que busca equilibrar una rama del gobierno contra otra».[11]